Fracking: claves para comprender

“Crisis” energética y control del acceso a la materias primas

Los modos de producción y consumo de los países del Norte llevan a un sobreconsumo de recursos, tales como los hidrocarburos, los metales, el agua, o también la madera. El acceso a los bienes naturales y a los recursos energéticos a un menor costo posible  se volvió la prioridad de los Estados y de las empresas trasnacionales, que quieren responder a esta demanda creciente, a costa de violaciones a los derechos de las comunidades y daños al ambiente cada vez más graves.

Mientras que la producción convencional de gas y petróleo está declinando, poco está hecho para salir de nuestra dependencia a las energías fósiles. Así, ya que no existen políticas que promueven la eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios y no fósiles, las inversiones en los hidrocarburos “no convencionales” y más contaminantes – petróleo pesado, arenas bituminosas, gas y petróleo de esquisto (“shale“) no dejan de aumentar.

En este contexto, el mito de la energía “barata y abundante” que vendría del shale gas y shale oil, dio lugar a una carrera desenfrenada de las empresas petroleras para explotar estos nuevos yacimientos en el mundo entero, a pesar de serios impactos sociales, ambientales y climáticos. En Francia, la movilización ciudadana contra estos proyectos dio lugar, en 2011, a la aprobación de una ley prohibiendo el uso de la fractura hidraúlica (“fracking“). Entres otras cosas, esta ley tuvo como consecuencia la revocación de la concesión de “Montélimar” que había sido otorgada inicialmente a Total. Pero esto no impide a las empresas francesas, tales como Total y Perenco, multiplicar sus inversiones en esos hidrocarburos no convencionales en el exterior, por ejemplo en Argentina.

Argentina, el dorado soñado de las trasnacionales petroleras

Tercer país a nivel mundial en términos de reservas potencialmente explotables de hidrocarburos no convencionales, Argentina se volvió el destino soñado de las compañías petroleras. Luego del descubrimiento de importantes reservas de gas y petróleo no convencional a fines de 2010, el gobierno argentino renacionalizó parcialemente a la compañía petrolera YPF… pero, en paralelo, abrió las puertas a las mayores empresas mundiales del sector: Total, Chevron, Shell, etc. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales apoyan el desarrollo de esos hidrocarburos, que ven como una nueva fuente de renta. Un decreto nacional fue firmado en julio de 2013, y un programa específico fue lanzado por el gobierno nacional, para promover las inversiones en este sector, otorgando grandes beneficios a las empresas petroleras: concesiones por 35 años, así como una seria de ventajas fiscales, exempciones de retenciones y garantía de precios. Acuerdos específicos fueron firmados con ciertas empresas, como Chevron y Total en 2013.

Estos últimos años, la movilización de la sociedad civil no paró de crecer, con intimidaciones y represión como única respuesta. En ningún momento, las poblaciones fueron consultadas, ni siquiera las comunidades indígenas Mapuche en territorio de las cuales se encuentran varios proyectos. Varias de esas comunidades sufren ya los impactos sociales y ambientales de décadas de explotación petrolera convencional, y son entonces aún más movilizadas frente a esta expansión sobre nuevos territorios hasta ahora protegidos, y con el uso de técnicas cada vez más invasivas y destructoras. Una red, la “Multisectorial contra el fracking” se creó, juntando a comunidades afectadas, organizaciones sociales y sindicatos. Además, unos treinta gobiernos locales, en cinco provincias diferentes, votaron ordenanzas que prohíben el uso de la fractura hidraúlica.